Ante el crecimiento de delitos cibernéticos, robos de identidad e intrusiones en muchas redes de gobiernos, así como el uso de técnicas sofisticadas en redes sociales para atacar a los bienes del estado, su gobierno y ciudadanos que están indefensos ante la amplia difusión de vulnerabilidades a través de redes públicas y privadas, se debe plantear la ciberseguridad como una máxima prioridad para la seguridad nacional.

Los gobiernos deben abordar el problema de la ciberseguridad con una división nacional de seguridad cibernética responsable de construir un sistema de respuesta de ámbito nacional eficaz, con un cibercomando nacional para vigilar y proteger los activos cibernéticos militares de la nación y, si es necesario, participar de forma ofensiva en la guerra cibernética.

También deben fortalecer la legislación y aplicar en el ámbito cibernético la ley, creando la legislación oportuna que permita el seguimiento y la investigación de los delitos, con el fin de conseguir juzgar a los cibercriminales, pero también como medida disuasoria fundamental.

Los gobiernos necesitan integrar intereses opuestos para obtener una visión integral y un plan con el que abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad, especialmente cibernética. A partir de ahí, es también indispensable que desarrollen y aseguren las políticas, procesos, personas y tecnologías necesarias para mitigar los riesgos relacionados con la ciberseguridad.

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